El tema de la seguridad ciudadana, es uno de los más priorizados por
todos los sectores de la sociedad dominicana en los últimos años. Su interés
ha sido asumido también por el gobierno y fruto de ello esta preocupación de
casi la totalidad de la población ha sido recogido como una de las problemáticas
de intervención en la Estrategia Nacional de Desarrollo, recién diseñada y a
la espera de su sanción. Anteriormente, el gobierno había puesto en ejecución
el plan de seguridad ciudadana y ha realizado inversiones cuantiosas para su
disminución. Sin embargo, la población sigue planteando un sentimiento de
inseguridad en ascenso.
La prensa escrita, radial y televisiva da cuenta de forma reiterada de
elementos de preocupación sobre el tema de la inseguridad ciudadana.
Titulares de hechos delictivos como el narcotráfico, el
sicariato, violencia, robos, crímenes y delincuencia, aparecen en las noticias nacionales.
La violencia en el país, aunque no es comparable con el nivel de
criminalidad latinoamericano (casos extremos), triplica los promedios normales.
En el ámbito regional, la delincuencia en Latinoamérica creció a partir del
acrecentamiento de la crisis económica en la década de los ochenta. En
ese entonces, la crisis financiera se desarrolló con fuerza y afecto al
sector financiero e industrial. Los PIB vieron crecer sus tasas de
crecimiento de forma negativa o sufrieron fuertes desaceleraciones, y
en consecuencia, el desempleo aumento de manera impresionante en casi todos
los países industrializados.
Las encuestas Barómetro de las Américas, realizadas en los
últimos dos años, revelan que el sentido de inseguridad ciudadana se ha
incrementado, y que a nivel regional, República Dominicana aunque no
aparece entre los países con mayor nivel de víctimas por delincuencia; los
datos recogidos muestran que sí está entre los países que tienen mayor
percepción de inseguridad. A mi juicio eso no es fortuito.
Esto nos plantea un problema, porque la seguridad ciudadana es una
situación política y social en la cual las personas tienen garantizado el
pleno disfrute de sus derechos, con mecanismos institucionales eficientes
para prevenir y controlar los peligros, coerciones ilegítimas –ya bien sea
por parte de los aparatos públicos o por particulares- o violencia física o
psicológica que pudiesen lesionar dichos derechos. De ahí que, la seguridad
ciudadana no es más que la vigencia plena del Estado Democrático de Derecho,
lo cual implica la preservación de la seguridad jurídica y la seguridad
pública y privada.
Lo
más importante en materia de prevención y soluciones duraderas es, abrir
oportunidades en zonas vulnerables que permita dar el salto fuera de los
límites de la pobreza a las familias más pobres del país. Para ello, debemos
elevar el nivel educativo y técnico de la población y acordar e implementar
un salario justo a la clase trabajadora y, finalmente, hacer una
mejor distribución de las riquezas y mayor inversión social.
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